En Colombia, el embargo es una medida legal que permite a los acreedores retener bienes del deudor como garantía para el pago de una deuda. Este procedimiento está regulado por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que establece con claridad cuáles bienes pueden ser embargados y cuáles están protegidos bajo la figura de inembargabilidad.
Entre los bienes que pueden ser objeto de embargo se incluyen:
Bienes inmuebles: Casas, apartamentos y terrenos que pertenecen al deudor.
Vehículos: Aunque no estén formalmente constituidos como garantía, los vehículos son bienes registrables que pueden ser objeto de embargo.
Cuentas bancarias: El saldo en cuentas bancarias puede ser retenido para cubrir deudas.
Salarios superiores al mínimo legal: Una parte de los ingresos del deudor puede embargarse, especialmente para cumplir con sus obligaciones.
Acciones y participaciones: Activos financieros, como las acciones en sociedades, son embargables por su valor económico.
El fundamento legal para embargar estos bienes radica en su capacidad para generar recursos que permitan cumplir con la obligación pendiente. Sin embargo, la normativa protege una serie de bienes esenciales para garantizar la subsistencia del deudor y su familia.
Entre los bienes inembargables se encuentran:
Bienes de uso personal como ropa y utensilios domésticos básicos.
Herramientas necesarias para el trabajo del deudor.
Vivienda familiar constituida como patrimonio de familia.
Salarios iguales o inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, excepto para casos de pensión alimentaria.
Bienes destinados al culto religioso.
El propósito de la inembargabilidad es equilibrar los derechos del acreedor con la dignidad humana del deudor, permitiéndole conservar lo mínimo necesario para su sustento y el de su núcleo familiar.
En conclusión, el embargo es un mecanismo que busca garantizar el pago de las obligaciones de los deudores a los acreedores, y en ese sentido puede recaer sobre alguno o la totalidad de bienes del deudor.
Con el trámite de insolvencia de persona natural, es posible evitar que estos embargos afecten los bienes de las personas, e incluso es posible levantarlos, protegiendo así, los bienes inmuebles, muebles, salarios, pensiones o saldos en cuentas bancarias de los deudores.
